Tras detectar irregularidades en una auditoría, el Gobierno disolvió otro fondo fiduciario
El Gobierno oficializó este miércoles la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social tras detectar irregularidades en una auditoría llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni el martes, fue confirmada mediante el Decreto 985/2024 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La disolución responde a una serie de inconsistencias plasmadas en un informe de auditoría realizado por la SIGEN, en el marco del análisis general de la gestión de los fondos fiduciarios, instrumentado por Milei a principios de marzo.
En el mencionado reporte, se advirtió “las debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión del fondo fiduciario y atrasos en los procesos de auditoría sobre los estados contables”, según precisó el texto oficial.
El cierre de otro fondo fiduciario se encuadra en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 695/24 que permiten al Gobierno modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
El Fondo Fiduciario de Capital Social se había creado en 1997 con el objetivo de “facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional, con especial atención a las particularidades de cada región”.
En este sentido, se había constituido una sociedad anónima administradora de dicho fondo, denominada FONCAP, que ofrecía financiamiento a instituciones de Microfinanzas; microcréditos a través de instituciones para potenciar o iniciar proyectos; capacitación y educación financiera en todo el territorio nacional; innovación para el sector de las microfinanzas; y eguros inclusivos para dar protección y cobertura a emprendedoras y emprendedores.
