Sumarian a la jueza Illanes tras la denuncia por cohecho

La decisión la tomó el Consejo de la Magistratura junto con el Tribunal Superior de Justicia. La citarán a indagatoria.

Tras el anuncio de Fiscalía que iniciará acción penal contra la magistrada, la Cámara de Chilecito resolvió que el juez Marcelo Carrizo deberá intervenir en la causa por Cohecho Pasivo Agravado. Se espera fecha de indagatoria a la jueza.

La justicia de la provincia de La Rioja abrió una investigación interna en las últimas semanas contra la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, Virginia Illanes Bordón. El fiscal provincial Diego Torres Pagnussat promovió una acción penal por los delitos de cohecho pasivo, prevaricato y estafa.

Se trata de la segunda magistrada provincial denunciada en los últimos días. La anterior había sido Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de solicitar una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión, denuncia por la cual el Consejo de la Magistratura provincial puso en marcha el juicio político.

En el caso de Illanes Bordón, la jueza está acusada de haber cobrado dinero de personas que tenían causas penales. “A diferencia del caso Mazzuchelli, acá la suma de dinero sí se recibió, es un delito grave”, planteó el abogado David Calipo, que presentó la denuncia.

Y amplió: “Una de las causas que denuncié tiene que ver con un empresario conocido de la ciudad de Chilecito, donde el Ministro Público Fiscal pide que se avance en función de acusación de homicidio en grado de tentativa y ella lo procesa por un delito menos grave, y se le termina concediendo la libertad, y posteriormente es quien denuncia que la doctora pasó por su domicilio para retirar una suma de dinero”.

“Están ensuciando el nombre de la función judicial. (…) Una de las denuncias tiene fecha del octubre del año pasado, hay 97 capturas certificadas de conversaciones entre la magistrada y una de las personas, prueba documental, constancia de transferencia bancaria”, sostuvo el letrado en radio Fénix.

El abogado denunciante, además, indicó que dos personas del círculo íntimo de la magistrada se presentaron a declarar y manifestaron “cosas terribles”: “Utilizaba la función policial para que le limpien la casa, los móviles para que le saquen escombros de la casa… ¿Qué hay que hacer para que las instituciones funcionen? Las denuncian están presentadas en el Consejo de la Magistratura. A la jueza se le prescriben las causas, se le pierden determinados expedientes, ha dejado la sociedad sin justicia. Son causa suficiente para la remoción de su cargo”, completó.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le inició un sumario a la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, Virginia Illanes. La medida fue adoptada a raíz de la denuncia penal que pesa sobre la magistrada y que fue promovida por el fiscal de Chilecito, Diego Torres Pagnussat.

Sobre la magristrada recaen dos denuncias presentadas por dos personas de Chilecito. A la jueza Illanes se la acusa de cohecho (coima), prevaricato y estafa.

Pedro Goyochea, asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, se refirió al caso y confirmó que a Illanes se le inició un sumario pero aclaró que no fue suspendida en sus funciones.

«A la jueza Illanes se le inició un sumario en el ámbito del TSJ pero no está suspendida en sus funciones. Es un sumario de investigación y los antecedentes fueron remitidos al Consejo de la Magistratura para iniciar la tarea vinculada con esa investigación», dijo Goyochea en una emisora local.

Goyochea precisó que la medida contra la jueza se puso en marcha a través de una acordada del TSJ «donde pone de manifiesto la valoración de la denuncia que tiene radicada la doctora Illanes y en función de ello ha determinado el inicio del sumario». «La jueza Illanes tiene una denuncia penal, una promoción de acción por parte del Fiscal en el ámbito de la jurisdicción de Chilecito. Esa es una acción que es independiente de la labor que tiene el TSJ en cuanto a sus facultades de poder sumariar a los jueces», indicó.

Además, el funcionario destacó que la labor del Consejo de la Magistratura es que, «una vez recibida una denuncia en contra de un magistrado o magistrada, se activa el mecanismo de investigación para determinar la veracidad de los hechos, los elementos de prueba y en consecuencia formular cargos en caso de encontrarla responsable de alguna acción de mal desempeño para su posterior grado de enjuiciamiento».