Reforzarán seguridad en Congreso por la marcha de jubilados e hinchas

El Gobierno de la Nación ha confirmado que tomará medidas especiales para garantizar la seguridad durante la marcha de jubilados prevista para este miércoles 12 de marzo. En un contexto donde se anticipa la participación de hinchas de equipos de fútbol, el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich ha decidido incrementar los controles en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El Gobierno advirtió sobre la participación de barras bravas
Mediante un comunicado oficial publicado en la cuenta de X (ex Twitter) del Ministerio de Seguridad, las autoridades señalaron que se implementarán estrictos controles. Según el texto, el Ejecutivo calificó esta protesta como «la marcha de las barras bravas», al mencionar que los hinchas acompañarán a los jubilados durante la manifestación.

Actuarán con mano dura contra los disturbios
La advertencia fue clara: quienes generen violencia durante la movilización serán severamente sancionados. El Gobierno explicó que se aplicará el derecho de admisión, lo que implica que las personas que alteren el orden público podrían quedar excluidas de ingresar a cualquier evento deportivo en el futuro. Además, aquellos que participen en desmanes o acciones violentas serán detenidos y enfrentan penas de prisión según el Código Penal.

Reacción de la oposición ante las advertencias
Las medidas adoptadas por el Gobierno no fueron bien recibidas por algunos sectores de la oposición, que criticaron los comentarios del Ministerio de Seguridad. Calificaron las advertencias de la ministra Bullrich como una “amenaza” hacia los manifestantes, argumentando que las autoridades están buscando criminalizar una protesta legítima.

A pesar de las críticas, el Gobierno reafirmó su compromiso con el respeto al orden público, haciendo hincapié en que cualquier acto que interrumpa los servicios públicos o la seguridad ciudadana será tratado con rigurosidad. Así lo especifica el artículo 194 del Código Penal, que contempla penas de prisión de entre tres meses y dos años para quienes obstruyan el funcionamiento normal de los transportes o servicios públicos.