Reforma para la política, no para la gente

EDITORIAL POR Heber Sirerol, politólogo.

El Gobierno nacional anunció con tono épico una reforma electoral que promete “abaratar la política”, “transparentarla” y “devolverle el poder a la gente”. Pero si uno traduce ese comunicado al criollo, lo que aparece no es una revolución democrática, sino una reorganización interna del sistema político.

Y eso, en la Argentina de hoy, queda peligrosamente corto.

Eliminar las PASO —dice el texto— es terminar con un gasto innecesario. Traducido: los partidos vuelven a resolver sus internas puertas adentro. Es decir, menos participación ciudadana directa en la selección de candidatos.

Subir los requisitos para tener un partido político: menos “sellos de goma”, pero también menos voces.
Eliminar la publicidad gratuita: más eficiencia, pero también más desigualdad.
Financiamiento privado: más transparencia, pero también más poder económico en la política.
Ficha Limpia: una bandera ética válida, pero con riesgos si la Justicia no logra independencia real.

Hasta ahí, la discusión de diseño político.

Pero el problema es otro: toda la reforma gira alrededor de cómo funciona la política, no de cómo vive la gente.

Mientras se discute el costo de las elecciones, no se discute el costo de la vida.
Mientras se ordenan partidos, no se ordenan tarifas.
Mientras se transparenta la política, no se alivian impuestos.

La Argentina real no aparece.

Ahora bien, incluso en su propio terreno —la política— el Gobierno enfrenta un obstáculo que no es menor: los votos.

Porque esta reforma no depende solo de la voluntad del Ejecutivo, sino de su capacidad de construir mayorías en un Congreso fragmentado, con aliados que no necesariamente comparten este diagnóstico.

Y ahí aparece una tensión clave.

Sectores del PRO, bloques provinciales y distintos interbloques vienen evaluando que, en este contexto de debilidad estructural del sistema político y oposición fragmentada, las PASO cumplen una función que el Gobierno parece subestimar: ordenar las internas sin romper los espacios.

Traducido al criollo: sin PASO, el riesgo de fracturas, fugas y listas paralelas aumenta.

En un sistema político frágil, eso no es un detalle técnico. Es un problema de gobernabilidad.

Muchos de esos aliados entienden que las primarias no solo sirven para competir, sino para contener. Para procesar conflictos sin que exploten por afuera. Y en una Argentina donde la oposición está atravesada por disputas internas permanentes, ese mecanismo puede ser más útil de lo que el oficialismo reconoce.

Por eso, la pregunta deja de ser solo política y pasa a ser matemática.

¿Le alcanzan al Gobierno los votos propios? Claramente no.
¿Puede garantizar el acompañamiento pleno de sus aliados? Tampoco está claro.
¿Hay margen para negociar una versión más moderada de la reforma? Probablemente sí.

Pero eso implica algo que hasta ahora no aparece en el discurso oficial: ceder.

El riesgo para el Gobierno es doble.
Si avanza sin acuerdos, puede fracasar en el Congreso.
Si negocia demasiado, puede diluir el sentido original de la reforma.

En ambos casos, queda expuesto.

Y mientras tanto, la discusión de fondo sigue ausente.

Hace falta una reforma impositiva que alivie a trabajadores y pymes.
Hace falta un esquema tarifario que garantice acceso real a servicios básicos.
Hace falta pensar el transporte como derecho.

Nada de eso está en el centro de esta agenda.

La política argentina insiste en reformarse a sí misma como si ahí estuviera la solución. Pero la legitimidad no se construye ordenando elecciones, sino resolviendo problemas concretos.

Porque al final del día, la gente no mide a los gobiernos por cómo se vota.

Los mide por cómo se vive.

Y en esa cuenta —mucho más concreta que la parlamentaria— todavía faltan respuestas.