El Juez Alberto Carrizo confirmó el procesamiento por supuesto cohecho de la magistrada, que se encuentra de licencia psiquiátrica, con goce de sueldo. Un abogado del foro chileciteño reclama el desafuero y la detención.
La semana pasada se conoció el procesamiento a la magistrada Virginia Nelly Illanes Bordón, de Chilecito, como presunta autora de cohecho pasivo agravado, prevaricato y estafa. La jueza enfrenta graves acusaciones que incluyen recibir sobornos para alterar el curso de la justicia y dictar resoluciones contrarias a la ley.
El proceso se inició tras la denuncia presentada por Beatriz del Carmen Sacco. La causa expone posibles irregularidades graves en el funcionamiento del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, donde Illanes Bordón ejerce como titular.
El Juez de Instrucción Alberto Marcelo Carrizo, a cargo de la causa, detalló que los hechos imputados se encuadran en un concurso ideal entre el cohecho y el prevaricato, y que el delito de estafa se suma en concurso real con los anteriores, en diálogo con radio Fénix. La acusación apunta a un presunto uso indebido de su cargo en beneficio propio, afectando la transparencia y la legalidad del servicio de justicia.
Durante una declaración pública, el magistrado hizo hincapié en el rol ético que deben mantener quienes integran el Poder Judicial. “La función judicial le pertenece a la gente, somos servidores públicos y el último bastión en la defensa de los ciudadanos”, expresó.
Asimismo, recordó lo establecido por el artículo 160 de la Constitución Provincial, que establece las exigencias de integridad y conducta para los jueces. “Esto tiene que generar una confianza pública”, enfatizó Carrizo, aludiendo a la necesidad de preservar la credibilidad institucional.
Pedido de desafuero
El abogado David Calipo, querellante en la causa que involucra a la jueza de Instrucción N°2 de Chilecito, Virginia Illanes, celebró la decisión judicial que la procesa por cohecho pasivo agravado, estafa y prevaricato. En declaraciones en Radio La Red sostuvo que se trata de “un avance importante” tras meses de reclamos, y remarcó que el material probatorio aportado desde un principio justificaba plenamente la medida adoptada por el juez de instrucción.
“Nosotros exigíamos que se expidan sobre la situación de la magistrada. Entendíamos que las pruebas eran suficientes para considerar que había cometido esos delitos”, dijo Calipo, y aclaró que el procesamiento se dio en concurso ideal y que ya se libraron los pedidos de desafuero a los organismos correspondientes.
Desde la presentación de la denuncia, Illanes se encuentra de licencia. “Al día siguiente de presentada la denuncia, pidió una licencia psiquiátrica que ha sido renovada permanentemente. Es muy llamativo que una persona se enferme de tantas cosas justo después de una denuncia”, cuestionó Calipo, al tiempo que recordó que la jueza sigue percibiendo su sueldo a pesar de no ejercer funciones.
Según el letrado, la suspensión de la jueza sin goce de haberes debería ser inminente: “Luego del procesamiento y la intervención de los organismos correspondientes, se debería activar su suspensión. No hay otro camino que la remoción. Son muy burdos los errores que ha cometido la magistrada durante su gestión en el Juzgado de Instrucción N°2”.
Calipo aseguró además que los delitos por los cuales fue procesada contemplan penas que incluso permitirían su detención: “En Chilecito se aplica ese criterio. Si se sostiene, corresponde privarla de su libertad”.
Entre las pruebas aportadas por Calipo, se encuentra el testimonio de una persona que habría sido presionada por Illanes para entregarle dinero a cambio de una resolución favorable en su causa. “Pasó de negarle la libertad una y otra vez, a otorgársela sin ningún tipo de avance en la causa. Eso es lo que prueba la estafa y el prevaricato: alteró deliberadamente su razonamiento jurídico, en un contexto de beneficio económico”, afirmó.
Además, el abogado denunció que este caso no es un hecho aislado: “Tenemos más de 35 causas que prueban la mala actuación de la jueza. Lo de Chilecito no es grave, es gravísimo. Hubo un expediente por homicidio que terminó prescripto por su negligencia. Y los actos posteriores son aún más graves”.
Calipo adelantó también la presentación de nuevas denuncias penales contra la magistrada, aunque evitó dar detalles para “no obstruir la prueba”.
