Procesaron a una intendenta del Chaco tras haber cobrado una pensión por invalidez

La intendenta de Enrique Urien, perteneciente a la provincia de Chaco, Liliana Carmen Pascua, fue procesada sin prisión preventiva por la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén María López Macé, por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. Según la resolución judicial, la jefa comunal fue considerada prima facie autora del delito tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal argentino.

El caso gira en torno a la percepción de una pensión no contributiva por invalidez que Pascua había solicitado poco después de haber asumido la intendencia ese mismo año. De acuerdo con la investigación, la acusada había cobrado la ayuda social entre julio y diciembre de 2013, por lo que se comprobó que todavía había hecho uso del monto provisto por el programa.

De esta manera, los investigadores revelaron que el salario que percibía como funcionaria era de $7097,80 en julio y que este aumentó a $9258 entre agosto y noviembre. Asimismo, los informes de Anses que fueron analizados constataron que la pensión era menor al sueldo que ganaba como intendenta.

Según la información publicada por Diario NORTE, en el fallo señalaron que “se comprobó que, a partir de su designación como funcionaria pública, los emolumentos recibidos por su cargo político se volvieron ‘incompatibles’ con la percepción de una pensión social”. De hecho, apuntaron que en el decreto 432/97 se estableció que los postulantes a beneficiario no deben poseer bienes, ingresos o recursos que permitan la subsistencia como requisito para recibir una pensión.

Previo a esto, el tribunal había decidido sobreseer parcialmente y definitivamente a Pascua en la causa iniciada por presunta falsedad ideológica, figura que el fiscal federal Carlos Amad había elegido como carátula. A pesar de que consideraron que no había cometido ese delito, la jueza federal la halló culpable de haber defraudado a la administración pública.

Frente a esto, Pascua argumentó que había solicitado la baja de su pensión antes de asumir su cargo y presentó un comprobante de esa gestión realizado en julio de 2023. Sin embargo, el tribunal señaló que los hechos probados contradicen dicha declaración, ya que se comprobó que había extraído fondos de la pensión a través de cajeros automáticos hasta diciembre de 2013, según el Oficio 715/2013 del Nuevo Banco del Chaco.

El caso de la intendenta chaqueña no es el único que estuvo bajo la mira de la Justicia, debido a que el Gobierno nacional había ordenado la auditoría de las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que fueron otorgados a beneficiarios domiciliados en la provincia de Buenos Aires y otras 27.000 que corresponderían a habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La investigación estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, y la misma permitió descubrir que había “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”, debido a que solo el 7% de los pensionados cumplían los requisitos fijados. Según el detalle al que accedió Infobae, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad, se transcribió un poema. Incluso, se descubrió que una pensión por discapacidad laboral había sido otorgada por medio de la presentación de una radiografía de un perro.

A raíz de los diversos casos que fueron detectados, desde el Gobierno sospecharon que, al menos, unas 500.000 podrían haber sido falsificadas. Hasta el momento en el que se inició la causa, el Estado estaba a cargo del pago de 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Entre los últimos avances, la ANDIS confirmó que había 212 presos que cobraban el beneficio sin justificación. En este sentido, informaron que el 85% de estas fueron aprobadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mientras que el 15% restantes correspondieron a la gestión encabezada por Mauricio Macri.

En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que otros 331 prófugos de la Justicia también percibían pensiones de forma irregular. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron capturados en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.

El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el país, y la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada jurisdicción provincial cuenta con sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se dio de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.