La Rioja articula medidas para proteger a inquilinos tras la eliminación de la Ley de Alquileres

Maura Guzmán, presidenta del Colegio de Escribanos de La Rioja, advierte sobre la crisis del sector y el impacto en la sociedad. La Rioja atraviesa una situación crítica para los escribanos, con problemas que van más allá de lo profesional y afectan directamente a la ciudadanía.

Maura Guzmán, presidenta del Colegio de Escribanos, detalló la compleja realidad de la matrícula local, compuesta en su mayoría por jóvenes profesionales que enfrentan dificultades económicas, falta de vivienda propia y competencia desleal.

Guzmán cuestionó la falta de adaptación de las políticas nacionales a la realidad provincial. Señaló que mientras en Buenos Aires se realizan decenas de miles de escrituras anuales, en La Rioja la actividad es mucho más limitada y las exigencias, como digitalización de trámites, implican costos elevados que los profesionales locales deben asumir. “Son realidades totalmente distintas; nos imponen procesos que desconocen nuestra situación económica y social”, afirmó.

La presidenta del Colegio de Escribanos remarcó la necesidad de una ley que regule la matrícula y la competencia, asegurando que los jóvenes puedan trabajar sin generar un desequilibrio en el mercado: “Somos la única provincia con libre acceso. Hoy entran abogados de otras provincias y esto puede degenerar nuestra actividad”. También subrayó la importancia de distribuir equitativamente las escrituras y fortalecer la colaboración con universidades y el Estado para garantizar la formación y la inserción laboral de los futuros escribanos.

En paralelo, Guzmán se refirió a la situación de los alquileres y la vivienda: la eliminación de la Ley de Alquileres dejó a muchos inquilinos desprotegidos, obligando a algunas familias a regresar al hogar familiar o convivir en condiciones de hacinamiento. En este contexto, la provincia, la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Escribanos articularon acciones conjuntas para proteger a los ciudadanos y fortalecer la actividad inmobiliaria. Según las cifras oficiales, más del 12% de los riojanos alquila, y la falta de inversión pública en construcción y las restricciones al crédito agravaron la crisis habitacional.