La Justicia extendió el secreto de sumario en la causa que complica a Karina Milei
Explota la causa por coimas en Discapacidad: audios, allanamientos y vínculos directos con Karina Milei. El juez, Sebastian Casanello, mantiene el secreto.
El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos. A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días el secreto de sumario en la causa que ya salpica directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
La decisión refuerza el blindaje judicial sobre un expediente que, según fuentes con acceso parcial al caso, podría comprometer a figuras clave del oficialismo. El secreto implica que los imputados aún no pueden conocer el contenido de la investigación, lo que refuerza el hermetismo en torno a las pruebas recolectadas hasta el momento.
La investigación nació tras la filtración de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS. En esas grabaciones, Spagnuolo habla de supuestos “retornos” por parte de laboratorios, que —según su relato— debían canalizarse a través de la droguería Suizo Argentina y que estarían dirigidos a Karina Milei.
“Karina maneja todo por Suizo”, habría dicho Spagnuolo, en un fragmento que desató un temblor político y judicial. A partir de ahí, el fiscal Picardi desplegó una investigación a fondo, que en los últimos días se tradujo en allanamientos múltiples y restricciones judiciales a varios implicados.
Avanza la investigación en Nordelta y oficinas clave
Entre las medidas ordenadas por Casanello se destacan allanamientos en oficinas de la ANDIS y en domicilios particulares. En uno de esos procedimientos, llevado a cabo en Nordelta, se registró un episodio que derivó en otro procesamiento.
Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio privado, fue procesado por obstrucción a la Justicia, acusado de haber demorado el ingreso de la Policía al complejo, supuestamente para darle tiempo a los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, a huir o deshacerse de pruebas.
Además, la Justicia secuestró los teléfonos celulares de los principales investigados y les prohibió salir del país mientras continúa el análisis de los dispositivos y documentación.
En medio del avance judicial, se sumó una nueva figura al expediente: la ONG Poder Ciudadano fue aceptada por el juez Casanello como querellante, tras presentar un escrito en el Juzgado Federal N.º 11. El pedido fue impulsado por Pablo Secchi, presidente de la organización, acompañado por los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady. Argumentaron que los hechos investigados afectan directamente “el interés colectivo y el normal funcionamiento del Estado”.
Con esta inclusión, Poder Ciudadano no solo podrá acceder al expediente, sino también impulsar su propia línea acusatoria. La ONG ya tiene antecedentes como querellante en causas de alto perfil, como el caso “Chocolate” Rigau.
Hasta ahora, no hay imputaciones formales. Sin embargo, las defensas de los acusados ya están en movimiento. Este lunes, los abogados de los hermanos Kovalivker presentaron un escrito en el que intentan frenar la investigación, invocando el principio de “cosa juzgada”.
Según fuentes judiciales, ese recurso no se sostiene: no hubo imputación ni sobreseimiento previo que lo justifique. Mientras tanto, el fiscal Picardi sigue con el análisis de los teléfonos incautados, los documentos secuestrados y la verificación de las compras que hizo el Estado a Suizo Argentina.
