La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a financiar universidades
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno y mantuvo vigente la orden judicial que exige actualizar salarios docentes y no docentes, además de recomponer programas destinados a estudiantes.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal desestimó la apelación del Poder Ejecutivo al considerar que no estaba dirigida contra una sentencia definitiva, requisito necesario para habilitar la intervención de la Corte en esta instancia.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la estrategia del Gobierno frente al reclamo de las universidades nacionales. Si bien el expediente de fondo continuará su trámite, la cautelar queda vigente y obliga al Ejecutivo a cumplir con los puntos ordenados por la Justicia en lo contencioso administrativo federal.
Qué ordena la cautelar
La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos puntos están vinculados con la actualización de los haberes del personal docente y no docente de las universidades públicas, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y con la recomposición de programas del estudiantado.
La cautelar no abarca la totalidad de la ley. Quedaron fuera de esta orden judicial otros aspectos presupuestarios, como la recomposición integral de partidas correspondientes a 2024 y 2025 y otros gastos vinculados al funcionamiento universitario.
El caso se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. El planteo cuestiona el Decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
El Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió con su sanción. Luego, el Ejecutivo promulgó la norma, aunque suspendió su ejecución hasta que se definieran las partidas presupuestarias necesarias. Esa decisión abrió un frente judicial que ahora vuelve a tener una definición adversa para la Casa Rosada.
El argumento de la Corte
La Corte no resolvió todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto del Gobierno. Lo que hizo fue rechazar el recurso estatal contra la cautelar, al entender que la presentación no cumplía con el requisito de sentencia definitiva.
Con esa decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente lo resuelto en instancias anteriores. La Justicia había considerado que existía verosimilitud en el derecho invocado por las universidades y que el incumplimiento de la norma podía generar perjuicios graves para el sistema educativo.
También había señalado que el deterioro salarial podía afectar el derecho de enseñar y aprender, uno de los puntos centrales del reclamo universitario. En esa línea, la cautelar apuntó a evitar que la falta de aplicación de la ley profundizara el impacto sobre docentes, no docentes y estudiantes.
La resolución llega después de meses de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. El conflicto combinó reclamos salariales, marchas federales, planteos judiciales y negociaciones presupuestarias con rectores y gremios.
En paralelo al recorrido judicial, el Poder Ejecutivo firmó el 10 de junio un acta en la que se comprometió a transferir fondos para una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios.
Ese acuerdo incluyó una actualización salarial, una recomposición parcial por desfasajes previos y un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar la discusión paritaria. También contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
Sin embargo, desde sectores universitarios sostienen que la decisión de la Corte mantiene abierto un punto clave: la obligación del Estado de aplicar los artículos de la ley que quedaron alcanzados por la cautelar. Para los gremios docentes, el fallo confirma que el Gobierno llegó a la última instancia judicial disponible para intentar frenar esa orden.
La Universidad de Buenos Aires celebró la resolución y destacó el acompañamiento al reclamo universitario. El pronunciamiento de la Corte fortalece la posición de las universidades en una disputa que todavía no terminó, porque la causa de fondo seguirá su curso.
La discusión ahora se traslada al cumplimiento efectivo de la cautelar y al impacto concreto sobre salarios, becas y programas estudiantiles. Aunque el Gobierno ya había anunciado transferencias y aumentos parciales, la definición judicial deja en pie la exigencia de aplicar los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.
