“Idiota”, “imbécil” y “débil mental”: qué dice el polémico decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno, a través de una resolución firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), modificó la evaluación para el otorgamiento de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Y recibió un fuerte repudio por incluir una terminología discriminatoria y estigmatizante en el decreto, publicado en el Boletín Oficial.

El anexo de la resolución 187/2025 establece una clasificación basada en coeficientes intelectuales (CI), y clasifica a como “idiota” a la persona que “no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades elementales, no puede subsistir solo”. Y es “imbécil”, siempre según el criterio de ANDis, aquel que “no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias”.

La normativa describe como “débil mental profundo” a quien “solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”. Es “débil mental moderado” aquel que “lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual”. Y es “débil mental leve” la persona que “cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura”.

El texto sostiene además que “le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor. Pero como ejemplo de la complejidad que amerita evaluación particular, ya que no encuadran en los mismos, los débiles mentales fronterizos, leves y moderados tendrán derecho a pensión cuando no hayan desarrollado sus disponibilidades básicas, ni realizado nunca tareas remunerativas, como así también los que tengan debilidad mental disarmónica, cuyos trastornos de personalidad obstaculicen su comportamiento social y aptitud laboral”.

La palabra del Gobierno luego de la polémica

En medio del escándalo que se generó por la publicación de la normativa 187/2025, desde la Agencia Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en las redes sociales a modo de retractación, y en el que aseguran que todo se trató de “un error”.

“Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”, señalaron en la cuenta oficial en X.

“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, agregaron.

Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo a TN que las palabras que se utilizaron, además de ser discriminatorias, “implican una violación a la Convención Internacional de las Naciones Unidas que brega por los derechos de las personas con discapacidad”.

Para el abogado, esa forma de evaluación a los beneficiarios de asignaciones corresponde a la década del 90 y resulta un “retroceso grave” de terminología y criterios que no se utilizan desde el siglo pasado, y que “desconoce los avances en el abordaje de la discapacidad”. A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina firmó en 2008, los requisitos del decreto que regula las pensiones devinieron inconstitucionales.

En septiembre del 2024, esos requisitos se volvieron a instalar de la mano del gobierno de Javier Milei, el cual determina que las personas deben tener un 66% de “invalidez laborativa”. Esto implicó la implementación de un baremo para determinar criterios de cómo medir la discapacidad.

Quiroga también remarcó que la Agencia de Discapacidad no solo usa léxico discriminatorio, sino que además limita el acceso al mercado laboral a aquellas personas con discapacidad que quieran tener un trabajo.

“Se reinstaló esta idea de personas válidas o invalidas a la hora de ser incluidas en el ámbito laboral. Esto lo que ha hecho es excluir a las personas con discapacidad del mercado laboral”, opinó.