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Grave denuncia penal de Ivonne Stucchi contra la jueza Virginia Illanes Bordón por abuso de poder y una deuda impaga

En un caso que ha sacudido al sistema judicial de Chilecito, Ivonne Stucchi ha presentado una denuncia penal contra la jueza Virginia Illanes Bordón, acusándola de no devolverle un préstamo de dinero y de abuso de poder.

La denuncia ha escalado rápidamente, con el Ministerio Público Fiscal promoviendo una acción penal y la Justicia de Chilecito evaluando la situación procesal de la magistrada, quien aún se encuentra en funciones. Además, el abogado David Calipo ha solicitado un juicio político en el Consejo de la Magistratura, buscando la destitución de Illanes Bordón. La tensión se incrementó esta semana cuando la jueza presentó una querella contra Calipo por violencia de género.

Los detalles de la denuncia de Stucchi

Ivonne Stucchi, en su relato, expone una situación compleja que se remonta a una serie de eventos desafortunados. Según Stucchi, la relación con la jueza comenzó cuando ella vendió unos muebles a una persona conocida que trabajaba en un estudio jurídico. Al no recibir el pago correspondiente, Stucchi intentó cobrar la deuda y fue agredida verbalmente, lo que derivó en un altercado físico. Este incidente desencadenó una causa penal por lesiones contra ella.

Stucchi asegura que el hostigamiento judicial fue constante, con citaciones permanentes que la afectaban emocionalmente. En medio de este conflicto, Virginia Illanes Bordón, quien estaba reemplazando a otro juez durante la feria judicial, se ofreció a ayudarla, y en medio de la conversación, Stucchi afirma que la jueza le pidió que le prestara un dinero. Stucchi relató que, en un estado de vulnerabilidad y temiendo represalias judiciales, accedió a prestarle el dinero.

Abuso de poder y falta de ética

El testimonio de Stucchi revela una serie de intercambios en los que la jueza Illanes Bordón habría utilizado su posición para presionar y manipular a Stucchi. Según la denunciante, la jueza la citaba a su casa para discutir sobre el dinero prestado y la causa judicial, utilizando un tono familiar y coloquial, refiriéndose a ella como «gorda» y asegurándole que no debía preocuparse.

Durante tres años, Stucchi afirma que intentó recuperar su dinero sin éxito, mientras que su causa seguía activa judicialmente. A pesar de los reiterados pedidos de Stucchi, Illanes Bordón no habría devuelto la totalidad del dinero prestado. En uno de los mensajes finales, Stucchi manifestó que la jueza sugirió que debía «cobrarse del favor» que le hizo con respecto a su causa judicial.

Reacciones y consecuencias

La denuncia de Ivonne Stucchi no pasó desapercibida. El abogado David Calipo presentó un pedido de juicio político contra la jueza en el Consejo de la Magistratura, argumentando que Illanes Bordón había abusado de su posición y debía ser destituida. Sin embargo, la situación se complicó cuando la jueza Illanes Bordón contrarrestó el impacto presentando una querella contra Calipo por violencia de género, una acusación que añade un nuevo nivel de complejidad al caso.

El Ministerio Público Fiscal ha tomado cartas en el asunto, promoviendo una acción penal contra Illanes Bordón por tres supuestos delitos: cohecho pasivo, prevaricato y estafa. Mientras tanto, la Justicia de Chilecito está analizando la situación procesal de la jueza, quien, a pesar de las graves acusaciones, continúa en sus funciones.

Un caso que pone en jaque la confianza en el sistema judicial

El caso de Ivonne Stucchi contra la jueza Virginia Illanes Bordón destaca serias preocupaciones sobre el abuso de poder y la integridad dentro del sistema judicial. La denuncia no solo plantea preguntas sobre la conducta ética de una funcionaria judicial, sino que también subraya la necesidad de un mecanismo efectivo para abordar y resolver tales acusaciones.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sociedad de Chilecito observa atentamente, esperando que la justicia se imponga y se restauren la confianza y la transparencia en el sistema judicial. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante para futuras denuncias de abuso de poder y corrupción en el ámbito judicial.

Mientras tanto, Illanes no debe probar su inocencia. Son Calipo, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior de Justicia, quienes deben demostrar la supuesta culpabilidad de la magistrada imputada, de lo contrario todo quedará en la nada, y la jueza continuará ejerciendo su rol de magistrada.

 

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