Enterramientos clandestinos: «Se debe determinar el lugar e identificar las víctimas»

Miguel Rodríguez Villafañe, exjuez federal Nº 1 de Córdoba, dialogó con un medio local, sobre el trabajo que realizó en la identificación de desaparecidos y por el derecho de los familiares a conocer la verdad del paradero de las víctimas de lesa humanidad. Afirmó que «el delito de desaparición permanece mientras no se conozca el paradero de las personas desaparecidas o se determine con certeza su identidad».

Al comenzar la nota, Rodríguez Villafañe resaltó la importancia del tema y volviéndose en la historia remarcó que “cuando viene la democracia yo no estaba a cargo del Juzgado Federal de Córdoba todavía, donde se iniciaron las causas y se destapó una fosa, la más grande del país, en el cementerio San Vicente en Córdoba, de la peor manera, con una pala mecánica, con retroexcavadoras, eso es un trabajo que hay que hacer con criterio casi arqueológico, para que no se mezclen los huesos y se vaya respetando las áreas; la verdad que se hizo un desastre”, dijo.

Luego, “cuando asumí el Juzgado, decidí con asesoramiento de arqueólogos y geólogos, que se parara para que se haga adecuadamente. Estamos hablando en el año 1984, donde el tema del ADN y la digitalización todavía era nuevo. Hace 41 años dispuse que, conforme a lo que marca la Constitución, y pactos internacionales, se debe garantizar un lugar para su entierro, y no hay duda que el Estado se debe hacer cargo”.

Sostuvo como importante el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, «es un derecho absoluto, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión. El Estado no puede invocar ningún fin legítimo o circunstancia excepcional para restringirlo».

Además recordó que en aquel momento, luego de una inspección ocular que realizó, determinó que las personas podían llevar una flor o rezar en esa fosa, “en la fosa se estaba trabajando, pero dije que se transforme eso en un lugar digno, para las personas que quieran recordar a sus familias; porque es un derecho humano esencial que se debe respetar. Al sacar esa resolución el fiscal la apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba me la revocó diciendo que eso implicaba que se responsabilizaba al Estado de las muertes y tenía que hacer gastos que no les correspondía”.

Después con el desarrollo de la ciencia se fue avanzando en la identificación de los restos. En ese aspecto, resaltó la tarea que cumple la asociación internacional Yahad-In Unum (`juntos´ en hebreo y latín), con sede en París, Francia, que buscan determinar la ubicación precisa de las fosas comunes donde se enterraron muchas víctimas del régimen nazi.

Ahora, “en el Juzgado Federal N° 3, hay una averiguación de enterramientos que inició Pérez Esquivel, en ese lugar han llegado los familiares siguiendo el criterio de la Convención Internacional de la Protección de las Personas con Desaparición Forzada del 2006, donde se dice claramente: El derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas es un derecho absoluto, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión”.

Sobre esto, sostuvo que hay que tratar de buscar o lograr que se indique dónde están los restos de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, porque es un derecho humano a respetar. “El delito de desaparición permanece mientras no se conozca el paradero de las personas desaparecidas o se determine con certeza su identidad”.

Afirmó que “es un delito que suscite, donde los querellantes solicitan tener el derecho de enterrar a sus muertos. El tema es doblemente, el gobierno indebidamente reivindica a los condenados y les mejora su situación de detención; pero a su vez no se les está exigiendo que digan el lugar a donde están las víctimas, los enterramientos realizados. El gobierno comete dos irregularidades, por un lado el de negar lo que sucedió en el país, pero además, en ningún momento se les está exigiendo como un deber por parte del Estado, a que digan donde fueron los enterramientos clandestinos, es un delito continuado porque se cierra cuando se determina la identidad de las víctimas”.

Fuente: Medios El Independiente