En un acto privado, Cecilia Córdoba asumió como Jueza transitoria

Fue vista saliendo del Consejo de la Magistratura cerca de las 8:30, cuando la invitación al acto era para las 10:00. «Por la investidura no puedo dar entrevistas, pero cumplo con todos los requisitos de la ley” dijo

La decisión del Consejo de la Magistratura de La Rioja de nombrar a una abogada sin prestigio como jueza transitoria de Instrucción levantó mucha polvareda.

Mientras que desde el Consejo de Abogados denunciaron que el trámite fue irregular y no cumplió con los pasos formales, de su registro de antecedentes se desprende que tiene abiertas al menos tres causas penales, una de las cuales le costó en su momento su cargo como directora de Bienes Fiscales.

Cecilia Córdoba fue designada de manera transitoria como titular del Juzgado de Instrucción 1. Fue en la sesión del 10 de mayo del Consejo de la Magistratura. Desde el Consejo de Abogados enviaron una nota a todos los matriculados en la provincia con los detalles de las supuestas irregularidades del trámite.

En primer lugar, informaron que los miembros del Consejo concurrieron a la reunión “sin conocer el orden del día” y que se enteraron en el momento que el objetivo era designar “a una letrada que no cuenta con los más esenciales antecedentes académicos ni profesionales ni éticos, para fundamentar dicha decisión”.

Además, se especificó que “la decisión se tomó sin contar con el curriculum de la letrada a la vista para poder evaluar cuáles son los méritos para asignarle el cargo”. Se trata de un requisito previsto en la reglamentación. “¿Si no cuentan con esa información, en base a qué deciden?”, preguntaron.

De los seis miembros que tiene el Consejo de la Magistratura, cuatro apoyaron el nombramiento. Se trata del asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea –quien la propuso sobre tablas–, la jueza Karina Becerra, el diputado Antonio Godoy y la ex diputada Alejandra Oviedo. En tanto, se opusieron la representante de los abogados, Esther Broilo, y la diputada Gabriela Rodríguez.

La consejera Broilo realizó una presentación escrita en la que advirtió las irregularidades e hizo hincapié en que Córdoba tiene tres causas penales en trámite, dos de las cuales fueron temas de la agenda mediática en su momento. Supuestamente, se frenó la notificación de la designación hasta que el Fiscal de Estado informe el estado de esas causas.

La primera es el expediente 73480, que tramita ante el Juzgado de Instrucción 1 (el mismo en el que Córdoba fue designada), en el que sería investigada por usurpación. Según las fuentes consultadas, se trata de una causa que se abrió tras la polémica por la supuesta venta de las famosas 3 mil hectáreas que están frente al Parque de la Ciudad, en las que el gobierno provincial quería hacer viviendas sociales. Fue el propio ministro de Tierras, Ariel Puy Soria, quien denunció públicamente el tema. Córdoba era en ese momento directora General de Bienes Fiscales y terminó siendo apartada del cargo.

La segunda es el expediente 61118, abierto en el Juzgado de Instrucción 2, la causa se inició a raíz de la denuncia de la apoderada de la empresa San Francisco por una supuesta maniobra de extorsión por 15 millones de pesos que habría incluido la complicidad de dos jueces y una fiscal. Los acusó por los delitos de extorsión y tráfico de influencias, y habrían sido imputados por la Fiscalía, según una nota de prensa del Ministerio Público. A su vez, por esa acusación, el Tribunal Superior de Justicia informó en un comunicado que se inició un expediente administrativo.

El último caso es el expediente 42339, abierto ante el Juzgado de Instrucción 3, caratulado “Córdoba, María Cecilia – Impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no convivientes”.

No obstante, en ninguna de las causas fue condenada, por lo que prima el principio de inocencia. En su registro de antecedentes penales está limpia, por lo que no hay objeciones al respecto, más allá de que los consejeros sí pueden realizar cuestionamientos del tipo ético o moral.

Este medio intentó contactar a un consejero para conocer los argumentos a favor de su deginación, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La consejera Broilo propuso, en ese contexto, nombrar en lugar de Córdoba a Analía Ramallo Parco Parisi, que participó de otros concursos en el pasado para ser jueza, con excelentes resultados. De hecho, quedó afuera de la ronda de concursos de junio de 2021, donde estaba postulada en tres de las cuatro ternas, en una de ellas, incluso, con el mejor puntaje. En ese concurso se nombró a Ivana Gisela Flamini, que no había llegado ni a los 70 puntos en su examen.

La polémica sucede en un contexto para nada menor. La Rioja se encamina a la redacción de una nueva Constitución, en la que el oficialismo propuso eliminar el Consejo de la Magistratura, una institución muy cuestionada por sus actuaciones desde su creación, pero que la oposición cree que habría que mejorar y transparentar su labor, en lugar de cerrarla.