El Tribunal Superior de Justicia, en Acuerdo de Superintendencia, recibió el Informe de Auditoría N° 6 realizado por la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Chamical. El informe final reveló graves disfuncionalidades en registros, tiempos de respuesta, índice de eficacia, demoras y acumulación de causas. La auditoría fue dispuesta en el marco del Plan Anual de Control de Gestión 2025, aprobado mediante Acuerdo Administrativo N° 55/25, y ejecutada durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. La tarea fue desarrollada por el equipo técnico de la Dirección de Órganos Jurisdiccionales, bajo la coordinación del Secretario de Superintendencia. Objetivo y alcance de la auditoría El trabajo tuvo por finalidad relevar el funcionamiento administrativo y jurisdiccional del organismo, analizar sus procesos internos y elaborar un diagnóstico para la evaluación en la gestión. El informe final se elevó al Alto Cuerpo el 19 de noviembre, dando cumplimiento al cronograma fijado por Resolución Presidencial N° 17/25. Principales resultados consignados en el informe La distribución de tareas se realiza de manera verbal, sin perfiles formales de puestos preestablecidos. No existe libro de pases internos y se observó desorganización física de expedientes. Se detectaron inconsistencias entre los expedientes informados en las estadísticas y los registrados efectivamente, con una diferencia de 389 causas. El organismo no cuenta con calendario de audiencias y no conserva registros históricos. El índice de resoluciones alcanza el 18 %. Existen 362 expedientes fuera del Juzgado. La tasa de acumulación asciende a 756 expedientes ingresados entre 2017 y 2022 que continúan sin conclusión. Del total de 696 causas activas relevadas, 266 no cuentan con instrucción y 261 no registran primera respuesta jurisdiccional. Tras analizar el contenido del Informe de Auditoría N° 6, el Tribunal Superior de Justicia por las graves disfuncionalidades detectadas, ordenó a la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, un urgente plan de regularización a los fines de superar la situación encontrada, ordenando al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional su aplicación inmediata. Esto viene relacionado a la oportuna remisión al Consejo de la Magistratura para que se investigue la responsabilidad funcional de la magistrada Dra. Adriana Loureiro en causas que debió resolver.
Fernando Bazán, de la Superintendencia judicial, se refirió a los resultados de la investigación sobre el Juzgado de Instrucción de Chamical, a cargo de la jueza Adriana Loureiro, que demostraron disfuncionalidades marcadas, y que «tienen que ser motivo de corrección urgente». Confirmó que la magistrada junto con su par Illanes Bordón de Chilecito, se encuentra de licencia, pero advirtió que esa situación, «no es un mecanismo para evadir la responsabilidad institucional».
«Los expedientes comprenden entre el año 2023 y 2024, y 690 actuaciones, y nos llamó la atención que más del 50 por ciento de esos expedientes no tuvieron respuesta directamente», dijo.
«En otro número de casos tuvieron respuesta, pero no instrucción. Muchos de esos casos son por violencia de género», comentó.
«Los expedientes judiciales cuando ingresan a la justicia, tienen que tener una resolución: o falta de mérito, o elevación a juicio, y cuando no hay instrucción es cuando no se lo resuelve, y eso es bastante grave», resumió.
Por otro lado, respecto a las denuncias contra el juez subrrogante, Jorge Jalil por presunta violencia laboral, el funcionario dijo que «el caso está en proceso sumarial, y se van a brindar todas las garantías del proceso tanto para la denunciante como para el denunciado».
Y adelantó que en los próximos días podría concluir el informe. «Estamos en plena etapa de investigación de esto», informó.
