El Gobierno ahora piensa en bajar la edad de imputabilidad a los 13 años

“Delito de adulto, pena de adulto”, tuiteó entonces el vocero presidencial Manuel Adorni, abonando el terreno en el sentido de una inminente baja de la edad de imputabilidad. Pero el tema tardó más de lo previsto. Había quedado en manos del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado en enero pasado que el Gobierno presentaría un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En esa oportunidad explicó por Radio Rivadavia que él era partidario de bajarla a esa edad porque “es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó entonces.

Sin embargo ahora estaría dispuesto a ser más severo en la legislación. En declaraciones a LU12 Radio Río Gallegos, el funcionario dijo al ser consultado al respecto que estaban trabajándolo con el Ministerio de Seguridad. Apuntó que la ministra Patricia Bullrich “se involucra personalmente y con mucha idoneidad en los temas, y estamos delineando las pautas finales”.

“Yo creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad, sobre todo teniendo en consideración que los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”, agregó el ministro de Justicia. Añadió que “y entonces eso nos hizo repensar lo que estábamos conversando, inclinándonos por ver que el chico no es solamente de 16, como era en la ley de 1980, estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate y estamos resolviéndolo en ese sentido”.

Antecedentes cercanos

La presentación de proyectos vinculados es constante en ambas cámaras. Un actual miembro del gabinete nacional, el ministro de Defensa Luis Petri, presentó en noviembre de 2021 un proyecto de ley que establecía la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito.

“La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”, indicaba el texto de la iniciativa, que establecía la necesidad de “consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”.

“Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países”, explicaba el entonces diputado nacional radical al proponer dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas.

Para el Gobierno de Cambiemos, la baja de la edad de imputabilidad fue un objetivo inconcluso. En enero de 2017, los entonces ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron un encuentro al cabo del cual ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, la radical Gabriela Burgos, y del Senado, el peronista Pedro Guastavino. Garavano informó entonces que, según se había acordado en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.

En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”.

El proyecto no llegó a avanzar, y el Gobierno de Mauricio Macri intentó retomarlo en su último año, 2019, modificando la intención original de llevar la edad de imputabilidad de 16 a 14, a 15, aplicándola para los delitos más graves.

En esa iniciativa se hablaba de un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego. Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años.

Asimismo el proyecto preveía incorporar mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Ese proyecto preveía que en caso de que la investigación preliminar estableciera que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaboraría un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva. El proyecto llegó a debatirse pero nunca llegó al recinto.