En su alegato, el fiscal Zalazar había manifestado que los elementos probatorios presentados en las audiencias del juicio, confirmaron que los hechos de abuso sexual se cometieron desde que la víctima tenía 8 años hasta los 11; cuando “se atrevió a contarle a su madre los abusos sufridos por parte del ahora condenado, que era el novio de su tía. Este sujeto aprovechó la relación de confianza por el vínculo familiar, para someter sexualmente a la víctima de manera reiterada, durante tres años”.
El Tribunal estuvo conformado por la jueza, Rita Albornoz, como presidente; junto a los jueces vocales Alberto Granados y Elisa Toledo; resolvió condenar a B.C.O a cumplir la pena de 17 años de prisión efectiva por los delitos “Abuso Sexual con Acceso Carnal, en los términos del artículo 119 del tercer párrafo del Código Penal Argentino (CPA). Promoción de la Corrupción de un Menor de Trece Años, previsto en el artículo 125 del segundo párrafo del C.P.A. Dos hechos en Concurso Real, según el artículo 55 del C.P.A”.
En este marco, por pedido del fiscal Zalazar, el Tribunal ordenó que se mantenga la detención del condenado en los términos del art. 528 del Código Procesal Penal.
Piden 11 años para sujeto por abuso
La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, continúa con el juicio oral y público contra Jorge A. F., imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal. El Tribunal está presidido por el Dr. Gustavo Díaz, acompañado por los vocales Dra. Edith Agüero y Dr. Rodolfo Ortiz Juárez. El fiscal Dr. Rafael López, pidió 11 años de prisión.
Durante la jornada realizada el 13 de junio, prestaron declaración cuatro profesionales cuyas intervenciones resultaron relevantes para el análisis del caso. Los testimonios abordaron aspectos vinculados al estado emocional de la víctima, las pericias técnicas realizadas y la asistencia brindada inmediatamente después del hecho denunciado.
Una de las licenciadas en Psicología que intervino a través de la unidad de violencia a la víctima, describió un cuadro clínico compatible con estrés postraumático: insomnio, pesadillas, pérdida del apetito, episodios depresivos severos e intentos autolesivos. Por tal motivo, la profesional derivó a la joven al servicio de Salud Mental del Hospital Vera Barros, donde recibió tratamiento.
Posteriormente, prestó declaración una bioquímica de la Policía Técnica Judicial, quien informó que en febrero de 2021 recibió material remitido por el médico legista interviniente y que las pericias específicas se realizaron en el mes de junio del mismo año.
El tercer testigo fue un sargento de la policía provincial que participó en la primera intervención. Señaló que, tras un llamado por disturbios en un barrio de la zona oeste, acudió al lugar, donde fue recibido por un familiar de la víctima. Ante la situación evaluada, solicitó la asistencia de una ambulancia, que trasladó a la joven a un centro de salud.
Por último, una Licenciada en Trabajo Social expuso que intervino en cumplimiento de un oficio judicial, y que al llegar al domicilio de la víctima ya se encontraba allí personal del servicio de emergencias. En una entrevista posterior, la joven manifestó haber estado en estado de vulnerabilidad y relató los hechos denunciados. Según su testimonio, al despertar bajo los efectos de una sustancia para dormir, advirtió que estaba siendo víctima de un ataque. También refirió conocer al imputado por su vínculo con un familiar.
En la jornada más reciente del juicio, realizada el 25 de junio, se presentaron nuevas declaraciones testimoniales, se incorporaron pruebas documentales y se desarrollaron los alegatos finales por parte de las partes intervinientes.
La audiencia comenzó con la declaración de una licenciada en Bioquímica, quien realizó un análisis clínico al imputado para detectar enfermedades de transmisión sexual. Según su testimonio, los resultados fueron negativos.
Luego declaró la licenciada en psicología, integrante del Cuerpo Técnico de la Función Judicial, quien evaluó al imputado en febrero de 2021. La profesional indicó que el acusado presentaba antecedentes de conflictos con la ley desde su adolescencia, reconoció conocer a la víctima y describió su entorno personal como atravesado por una crianza hostil.
A continuación, el Tribunal incorporó diversas pruebas documentales ofrecidas tanto por la Fiscalía como por la defensa.
En los alegatos de clausura, el fiscal Dr. Rafael López sostuvo que el imputado tuvo acceso y voluntad para cometer el abuso, aprovechando que la víctima se encontraba dormida bajo los efectos de sustancias. Solicitó que se lo declare penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, y pidió una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo, considerando las circunstancias agravantes previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
En contraposición, la defensa técnica del imputado solicitó su absolución. Argumentó que la acusación fiscal carece de pruebas concluyentes y señaló inconsistencias en el testimonio de la víctima, así como la falta de evidencia médica que vincule directamente al acusado con el hecho denunciado.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 15 de febrero de 2021 por la mañana, cuando el imputado habría ingresado al domicilio de la víctima, ubicado en un barrio de la zona oeste, y, aprovechando que se encontraba dormida, habría cometido el delito investigado.
