Designaron a los funcionarios que coordinarán las empresas públicas y las privatizaciones

Los nombramientos se hicieron efectivos mediante la publicación en el Boletín Oficial de la decisión administrativa 967/2024, de la cartera a cargo de Luis “Toto” Caputo. Todas las designaciones inician a partir del 28 de agosto y establecen que tendrán un rango y jerarquía similar al de director o directora nacional.

En este contexto, el Gobierno dispuso que el nuevo director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones de la Agencia sea Matías Micheloni, quien en marzo de este año fue nombrado subsecretario de Administración Societaria de la Secretaría de Empresas y Sociedades el Estado, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Mientras tanto, la doctora Magdalena González Moreno, especialista en Derecho Administrativo y actualmente asesora de Radio y Televisión Argentina (RTA), como directora ejecutiva de Pliegos y Contratos Especiales.

A su vez, nombraron en el cargo de directora ejecutiva de Articulación Laboral a Belén Moretti, quien forma parte del equipo de asesores de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado.

La última de las designaciones fue la de Milagros Agustina González, que estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Apoyo Societario y Relaciones Contractuales de la agencia. Todos estarán bajo la dirección de Diego Chaher, quien en junio pasado fue designado como nuevo secretario de Empresas y Sociedades del Estado, dentro de la Jefatura de Gabinete, luego de su tarea como interventor de la agencia estatal de noticias Télam.

En el considerando de la norma, el Ministerio de Economía alega que “resulta necesario proceder a la cobertura de los citados cargos, los que no constituyen asignación de recurso extraordinario”.

A finales de agosto, el Ejecutivo avanzó con la diagramación del organismo, a través de la publicación del decreto 764/2024, en el que se establece que el objetivo de la agencia es dirigir y coordinar todas las acciones en materia de desenvolvimiento de las empresas y sociedades, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a la modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con esa normativa, el Gobierno también precisó cuáles serán las funciones del organismo. En consecuencia, estableció que se encargará de coordinar el seguimiento y la evaluación de los planes de acción y partidas presupuestarias extraordinarias de las empresas del Estado y tendrá que participar en la evaluación, implementación y seguimiento de los planes de acción y presupuestos de las compañías.

De acuerdo con el decreto, la Agencia tendrá que intervenir, en forma previa a su selección, en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de intervención, liquidación, cierre, privatización, venta total o parcial de paquete accionario, iniciativa privada, fusión, escisión, disolución, transformación y disposición estratégica de las participaciones y/o de los activos que integran las Empresas, Sociedades del Estado y aquellas Sociedades en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, analizando su factibilidad en el ámbito de su competencia.

También estará bajo su órbita la elaboración y aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y demás documentación contractual necesaria para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y en la aprobación de los términos de los pliegos de disposición estratégica de las empresas.

Las empresas que están en condiciones de privatizarse, luego de la aprobación de la Ley Bases, son ocho. Se trata de AYSA, Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pese a que el Gobierno quería incluir también a la lista Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino, acordaron con los legisladores dejar fuera del debate esas empresas.

Sin embargo, el Gobierno avanzó con la declaración de Aerolíneas Argentinas, como una empresa sujeta a privatización, mientras avanzan en el Congreso algunos proyectos para proceder con su venta. Por otro lado, la agencia inició el camino hacia la privatización de las represas de Comahue.