El Concejo Deliberante aprobó ordenanza impulsada por el edil radical Nicolás Brizuela. La medida establece controles toxicológicos cada 90 días, de manera aleatoria y a cargo de los propios funcionarios. Buscan reforzar la transparencia y la credibilidad institucional.
El Concejo Deliberante del departamento Chilecito aprobó una ordenanza que obliga a funcionarios públicos y concejales a someterse a narcotest periódicos, en una iniciativa que apunta a fortalecer la transparencia en la función pública.
El proyecto fue impulsado por el concejal radical Nicolás Brizuela, quien explicó que la iniciativa había sido presentada el año pasado y atravesó un proceso de debate en distintas comisiones antes de su aprobación definitiva.
En caso de «dar positivo», el funcionario será apartado de sus funciones y deberá iniciar un tratamiento. El procedimiento, aprobado por el Consejo Deliberante será obligatorio cada 90 días y abonado por el propio funcionario. «No se busca estigmatizar sino realizar una acompañamiento integral», expresaron.
