La jueza Gisela Flamini, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, brindó detalles sobre el avance de la investigación en un caso que conmocionó a la sociedad riojana. La causa gira en torno a una mujer que dio a luz en el Hospital de la Madre y el Niño, y cuya beba falleció poco después del parto. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo de la recién nacida.
En diálogo con la magistrada confirmó que el pasado lunes, tras recibir el alta médica, la mujer fue revisada por profesionales de la Policía, conforme al protocolo habitual en estos casos. Posteriormente, fue alojada en el área de Asuntos Juveniles, a la espera de su traslado al Servicio Penitenciario.
La causa ya ingresó formalmente a etapa de instrucción. “Se investiga a la mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo, y al masculino —su presunta pareja— por homicidio en calidad de autor”, indicó la jueza. La investigación buscará determinar el rol del hombre en el hecho, su relación con la imputada y si tuvo participación activa, como por ejemplo, proveyéndole sustancias o desatendiendo su estado de salud.
El martes, se entregó el cuerpo de la beba a una tía materna para su posterior sepelio. A pesar de estar detenida, la madre solicitó y obtuvo permiso judicial para asistir a la ceremonia, bajo custodia policial.
Una problemática que no es aislada
Uno de los puntos más alarmantes del caso es la afirmación de varios profesionales del Hospital de la Madre y el Niño, quienes señalaron que no se trata de una situación excepcional. Según los médicos, los casos de embarazadas que consumen alcohol o drogas durante la gestación son tristemente frecuentes.
“Nos comentaron que no es una situación insólita, sino que se da con bastante frecuencia”, sostuvo Flamini. Aún así, no existen estadísticas oficiales sobre este fenómeno en la provincia.
Consultada sobre las herramientas legales disponibles para intervenir en estos casos antes de que ocurran tragedias, la jueza fue clara: “El personal médico está obligado a denunciar. Lo que ocurre es que muchas veces las mujeres llegan al hospital por primera vez en estados avanzados de gestación, sin haber hecho controles previos”.
También explicó que la Ley de Salud Mental impone ciertas limitaciones para ordenar internaciones involuntarias, incluso cuando hay riesgo para el feto. “Podría explorarse un mecanismo legal basado en la protección del interés superior del niño, como principio rector para autorizar medidas excepcionales”, sugirió.
El camino judicial
Respecto al proceso penal, Flamini indicó que la instrucción no debería extenderse más allá de los próximos seis meses. Luego, será la Cámara quien determine la fecha del juicio, que podría concretarse recién dentro de dos años, debido a la acumulación de causas en espera.
Fuente: Radio La Ciudad
