Ampliaron el registro de personas vinculadas al terrorismo: el Gobierno podrá incluir a quienes atenten contra la seguridad

A través del decreto 496/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó algunas modificaciones a la normativa que fijaba el procedimiento para la inclusión y exclusión de personas en la lista de actividades relacionadas con el terrorismo, pasos contemplados en el decreto de reglamentación de la Ley 26.734. Anteriormente, la normativa establecía que solo aquellas entidades que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas considerara como parte de estas actividades delictivas deberían ser inscriptas en el Registro.

Ahora, la administración de Javier Milei, mediante el Ministerio de Justicia, dispuso que también serán incorporadas al listado aquellas personas, organismos o entidades que el Ejecutivo nacional observe que atentan contra la seguridad nacional.

Así, se estableció que deberá incluirse dentro de esta base de datos la información correspondiente a:

Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público fiscal que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos cometidos que violen las normativas vigentes.

Toda persona humana, jurídica o entidad incluida en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones y concordantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de información Financiera (UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos, conforme lo indican la ley.

Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad y la Cancillería tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional. Sobre este punto, la normativa aclara que “el análisis de la amenaza a la seguridad nacional deberá considerar, entre otros elementos, la existencia real o potencial de riesgos ciertos para la seguridad interior del Estado argentino y/o para la vida, bienes y patrimonio de sus nacionales y habitantes, por parte de la persona humana, jurídica o entidad que se pretende inscribir”.

En ese sentido, al tratarse de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo, el Gobierno estableció que las personas humanas o jurídicas obligadas de informar a la UIF sobre transacciones sospechosas deberán “verificar el listado de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones, o por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional”.

Tal como establece la legislación actual, sobre estas organizaciones, personas o entidades se aplicará, en una primera instancia, el congelamiento de sus bienes y activos, sean controlados directa o indirectamente por estas agrupaciones que atentan contra la seguridad interior del país.

Además, todos aquellos que sean incluidos en la base de datos podrán elevar una solicitud formal, que deberá incluir detalladamente los motivos por los que no deberían ser parte del listado.

En el considerando de la norma, el Gobierno asegura que “mantiene una constante preocupación frente a las amenazas de las redes de terrorismo internacional, circunstancia que obliga a no permanecer ajenos y pasivos ante tales antecedentes y a tomar una actitud proactiva para trabajar en pos de la seguridad de todos aquellos que se encuentren en suelo argentino”.

A su vez, enfatiza que “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y la estabilidad” en referencia a la guerra en la Franja de Gaza que comenzó en octubre del año pasado tras los ataques terroristas del grupo Hamas a Israel.