Un médico fue denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante durante una práctica ginecológica realizada en marzo. La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, avanza en el Juzgado de Violencia de Género N.º 2, a cargo de la jueza Gisela Flamini. Con el correr de los días, se sumaron nuevas víctimas y testigos, quienes están siendo asistidos legal y psicológicamente.
La denuncia inicial refiere a un procedimiento de rutina, un Papanicolaou (PAP), en el que el profesional habría realizado maniobras inapropiadas y ajenas al estudio médico correspondiente. Según la abogada de la víctima, Dra. Cecilia Sturzenneger, el consultorio estaba cerrado con llave y hay pruebas testimoniales coincidentes entre los casos que se están incorporando a la causa.
“Se trata de un abuso con agravantes, no solo por la condición del profesional de la salud, sino por la forma en que se produjo”, explicó la letrada en declaraciones radiales.
A pesar de la gravedad de la denuncia, el médico continúa atendiendo en distintos centros de salud. Desde el estudio jurídico indicaron que ya fue rechazada una eximición de prisión solicitada por la defensa, y que actualmente se está solicitando la indagatoria y medidas cautelares para asegurar la preservación de pruebas.
“Estamos frente a un daño moral y psicológico profundo. Nuestra representada tiene temor incluso de salir a la calle”, detalló la abogada.
Hasta el momento, más de cinco mujeres se han comunicado con el estudio legal u otros asesores jurídicos, aportando denuncias o testimonios sobre hechos similares. La mayoría son jóvenes de entre 20 y 25 años, que relatan procedimientos irregulares dentro del mismo contexto ginecológico.
“Los relatos son consistentes, y muchas coinciden en que el médico las hacía creer que lo que ocurría era normal. Pero claramente no lo era”, agregó Tusa Neguerra.
Las víctimas están siendo asistidas por psicólogos y organismos estatales, como la Secretaría de la Mujer y TATI (organismo de atención integral). Desde la querella pidieron celeridad judicial y protección para las denunciantes.
“Este caso no se trata solo de justicia penal. Es una cuestión de salud pública y de reparación para mujeres que han sido vulneradas en un espacio donde deberían sentirse seguras”, concluyó la abogada.
