Fiscales de La Rioja y Córdoba analizaron los desafíos de los procesos por crímenes de lesa humanidad
La actividad se desarrolló en el marco de los encuentros regionales que lleva a cabo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con los diferentes actores del proceso de memoria, verdad y justicia para diagnosticar las dificultades y trazar objetivos.
iscales y funcionarios/as del Ministerio Público Fiscal, integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en las jurisdicciones de Córdoba y La Rioja se reunieron este martes de forma presencial -y también por medios virtuales- para debatir en torno a los desafíos y las dificultades que enfrenta el avance de las causas por crímenes contra la humanidad cometidas durante el terrorismo de Estado y para formular en conjunto propuestas superadoras.
La actividad se llevó a cabo en la sede del MPF Córdoba, en el marco de la Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por Resolución PGN 1442/2013, y fue el epílogo de una reunión de trabajo que mantuvieron primero los y las integrantes del MPF.
Durante el encuentro participaron la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, las/os fiscales Carlos Gonella, Alberto Lozada, Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona; las/os auxiliares fiscales Facundo Trotta, María Laura Bazo Queirolo; representantes de la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE); y funcionarios/as de la procuraduría especializada y de las unidades fiscales de derechos humanos de Córdoba y La Rioja.
También intervinieron representantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja; del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba; del Espacio por la Memoria La Perla; de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Córdoba); de H.I.J.O.S. Córdoba; de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba; de Ex presos políticos de Córdoba; y familiares, victimas y querellantes de la región.
La reunión se dio en el marco de la propuesta de celebración de encuentros regionales en los que, además de debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, se puedan discutir particularidades de carácter local, que permitan una construcción colectiva y federal, y el afianzamiento de los vínculos con los organismos de derechos humanos de los ámbitos provinciales/regionales, a los que suele resultarles complejo participar de las mesas institucionales de discusión nacionales.
La reunión contó con intervenciones por medios remotos. Foto: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
En ese contexto, se realizó una breve descripción del estado de situación de las causas judiciales. Al respecto, se puso de relieve el gran volumen de casos que aún se encuentran en la etapa de instrucción y las demoras por parte del Poder Judicial de avanzar en las indagatorias y en el dictado de autos de mérito en la jurisdicción Córdoba. En el mismo sentido se planteó la problemática vinculada con las demoras en la etapa recursiva de las sentencias.
Los participantes plantearon la preocupación vinculada con los mensajes y actos que directa o indirectamente se relacionan con posiciones negacionistas y el impacto que ello acarrea en los sobrevivientes y testigos en los juicios celebrados y aquellos pendientes. Manifestaron al respecto la importancia central de generar las condiciones que garanticen la seguridad y la tranquilidad que requieren y merecen para avanzar en las investigaciones pendientes.
En este sentido, las/os fiscales fueron enfáticos en afirmar que este encuentro pretende reiterar el compromiso institucional del MPF de continuar con la labor que se desarrolla en la materia, en estrecha articulación con los colectivos de derechos humanos de cada jurisdicción.
En este contexto, los representantes de los organismos de derechos humanos plantearon la preocupación y el rechazo que genera la posición del Poder Ejecutivo Nacional de recortar las funciones de apoyo al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y señalaron que eso ha sido evidenciado en el desmantelamiento de estructuras de relevamiento documental, como en el caso de Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), así como en el despido reciente de los tres abogados de la Secretaría de Derechos Humanos que sostenían las querellas de ese organismo. Al respecto, puntualizaron en la necesidad de garantizar el sostenimiento de los equipos de acompañamiento de testigos.
También se debatieron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena -previsto por la Ley N° 24.660, de ejecución penal-, el otorgamiento de prisiones domiciliarias, las salidas transitorias y la libertad condicional, entre otros.
El eje fue puesto en la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, prevista en la Ley N° 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
Por otro lado, se puntualizó en los siguientes aspectos en el marco de los procesos por crímenes de lesa humanidad:
- Visibilizar las violencias cometidas contra niños, niñas y adolescentes en las investigaciones en marcha.
- Avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, y que se generen los mecanismos necesarios para informar respecto de las medidas que se vienen desarrollando en articulación con el EAAF, en el marco de las causas en las que se investigan enterramientos clandestinos.
- Continuar estas reuniones con mayor frecuencia, aprovechando las facilidades tecnológicas con que se cuenta para ello.
- Garantizar la difusión de los juicios por medios tecnológicos, que permitan su adecuada publicidad.
