Mucho antes del debate nacional, La Rioja definió en su Constitución qué es la tierra
La reforma constitucional de 2024 incorporó una definición inédita al considerar a la tierra un factor de producción y no de renta. Además, estableció la función ambiental y social de la propiedad y ordenó dictar una ley para limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La aprobación en general de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado volvió a instalar el debate sobre la propiedad de la tierra, la soberanía y los recursos naturales.
Sin embargo, mientras el Congreso discutía la posibilidad de flexibilizar la legislación nacional —un capítulo que finalmente fue retirado por falta de consenso—, La Rioja ya había definido una posición propia durante la reforma de su Constitución, incorporando principios que hoy aparecen en el centro de la discusión política.
La reciente decisión del gobernador Ricardo Quintela de enviar un proyecto para reglamentar el artículo 81 de la Constitución no crea una política nueva: pone en funcionamiento un mandato constitucional que ya formaba parte del texto aprobado por la provincia.
Una definición poco habitual en las constituciones provinciales
Uno de los conceptos más fuertes aparece en el artículo 81.
La Constitución riojana establece que:
«La tierra es considerada factor de producción y no de renta…»
La definición representa una concepción distinta de la tierra. En lugar de considerarla exclusivamente un bien sujeto a las reglas del mercado, la incorpora como un elemento vinculado al desarrollo productivo, al arraigo y a la planificación del territorio.
A partir de ese principio, el mismo artículo dispone que la política agraria debe promover el desarrollo local sostenible, el perfeccionamiento de los títulos rurales, la agricultura familiar, la radicación de trabajadores y capitales, la organización de productores, el acceso a los mercados y el crédito agrario.
La propiedad también tiene una función ambiental y social
La reforma constitucional no se limita a la política agraria.
En su artículo 80 incorpora otro principio que hoy adquiere especial relevancia frente al debate nacional.
La Constitución establece que:
«La propiedad privada tiene una función ambiental y social…»
Y agrega que, por esa razón, puede quedar sometida a restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
Se trata de una concepción que vincula el derecho de propiedad con la protección del ambiente y el interés colectivo, incorporando expresamente criterios de sostenibilidad dentro del régimen constitucional provincial.
El mandato que ahora busca reglamentarse
El último párrafo del artículo 81 contiene una disposición que, hasta ahora, permanecía pendiente de reglamentación.
La Constitución ordena expresamente que:
«Una ley establecerá los requisitos y limitaciones a la adquisición de tierras por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras.»
Es precisamente ese mandato el que el Ejecutivo provincial busca cumplir con el proyecto enviado este viernes a la Cámara de Diputados.
La iniciativa establece un régimen específico para las tierras rurales, fija un límite del 3% para la propiedad extranjera, crea un Registro Único Provincial de Tierras Rurales, exige un certificado previo para cada operación e incorpora restricciones sobre zonas de frontera, fuentes de agua, áreas naturales protegidas y otros territorios considerados estratégicos.
Un modelo propio
El debate legislativo nacional puso nuevamente en discusión conceptos como soberanía, propiedad privada, recursos naturales y desarrollo.
En La Rioja, buena parte de esas definiciones ya habían sido incorporadas a la Constitución provincial durante su reforma.
Por eso, más que inaugurar una nueva política pública, el proyecto enviado por el Ejecutivo representa la implementación de un modelo constitucional que entiende a la tierra como un recurso estratégico para el desarrollo provincial, sujeto a una función productiva, ambiental y social, y cuya regulación forma parte de las competencias que la propia Constitución encomendó al Estado riojano.
