Avanza la causa por apremios ilegales en Ulapes: víctimas ratificaron la denuncia en Chepes y piden reformar normativas

La investigación judicial por la presunta detención ilegal y los apremios sufridos por dos ciudadanos en la Comisaría de Ulapes sumó un nuevo y clave capítulo. Este lunes, los denunciantes mendocinos Gerardo Mairán y Diego Estrada se presentaron ante el Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Chepes, para ratificar formalmente la denuncia que habían presentado previamente ante el Ministerio Público Fiscal.

El abogado querellante, Eduardo Nicolás Mercado, brindó detalles sobre la diligencia y explicó que el procedimiento consistió en la lectura de la denuncia original, la ratificación por parte de las víctimas y una exhaustiva ronda de preguntas formuladas por los representantes de todas las partes involucradas.

El letrado indicó que, tras esta instancia, el juez interviniente ordenó la formación formal del sumario judicial. En las próximas semanas, la causa continuará con la toma de testimonios a nuevos actores clave, entre ellos la médica que intervino en los exámenes médicos practicados a los denunciantes y los efectivos policiales que cumplían funciones en la dependencia durante los hechos investigados.

Secuelas y reclamo de reformas

Mercado hizo hincapié en que ambos hombres continúan atravesando un delicado proceso de recuperación debido a las secuelas físicas y psicológicas derivadas del episodio. En ese sentido, detalló que Gerardo Mairán presentó estudios médicos que acreditan las lesiones sufridas, mientras que Diego Estrada también permanece bajo tratamiento médico y psicológico.

Asimismo, el abogado sostuvo que las declaraciones brindadas ante la Justicia aportaron datos sustanciales para avanzar en la identificación de los presuntos responsables de los apremios.

Finalmente, el representante legal aprovechó la ocasión para cuestionar el marco normativo vigente y reclamó la urgente actualización del Código Contravencional y de las normas procesales provinciales, con el objetivo de dotar de mayores garantías a los ciudadanos y evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse en dependencias policiales.